Tres estados federados alemanes quieren reformar la ley de autodeterminación tras dos casos incómodos
Desde noviembre de 2024, cualquier persona en Alemania puede cambiar el sexo registral y el nombre de pila mediante una simple declaración ante el registro civil: no hace falta un médico, un informe pericial ni un juez que supervise el procedimiento. La Selbstbestimmungsgesetz pretendía ofrecer a las personas trans una vía rápida y digna. Menos de dos años después, esa misma vía fue objeto de sospechas de uso con fines muy distintos en dos casos llamativos, y eso llevó a tres estados federados alemanes a plantear una reforma.
Qué regula realmente la ley
La Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) sustituyó a la antigua Transsexuellengesetz y eliminó los requisitos que esta todavía contemplaba: ya no hacen falta evaluaciones psicológicas, revisión judicial ni certificado médico. Basta con una declaración ante el registro civil, seguida de un plazo de espera de tres meses antes de que el cambio entre en vigor. En su momento, la ley se presentó como una corrección de un sistema obsoleto y medicalizador. Las críticas surgieron de inmediato: entre otros, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, escribió en una carta al ministro de Exteriores Baerbock que la ley no contiene salvaguardas contra el uso indebido por parte de delincuentes sexuales y no tiene suficientemente en cuenta las necesidades de las mujeres y las niñas (fuente); el Gobierno alemán rechazó las críticas.
Dos casos que avivaron el debate
Lo que hasta hace poco era un debate principalmente teórico adquirió este año un rostro concreto a través de dos casos. En el primer caso, un activista de extrema derecha, condenado en firme en julio de 2023 a un año y seis meses de prisión sin suspensión, cambió su nombre y su sexo registral y luego no se presentó para cumplir la pena; surgió la sospecha de que el cambio guardaba relación con ello (fuente). En el segundo caso, un comisario de policía de Düsseldorf cambió su sexo registral a mujer y después solicitó un ascenso; gracias a las medidas de promoción de las mujeres habría avanzado más de 40 puestos. La jefatura de policía dudó de que el motivo fuera una identidad trans, abrió un procedimiento disciplinario e impuso un bloqueo de ascensos; el comisario perdió su recurso urgente ante el Tribunal Administrativo de Düsseldorf y ante la instancia superior (fuente). En ambos casos surgió la sospecha de que el cambio era sobre todo un instrumento para alcanzar otro objetivo; la ley no exige expresamente probar que el motivo sea una identidad trans (fuente).
La propuesta: dar al funcionario margen para decir que no
Los ministros de Justicia de Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia —los tres de la CDU— querían por ello que los funcionarios del registro civil tuvieran la facultad de rechazar una declaración en casos de abuso manifiesto, por ejemplo para la autoescenificación, el beneficio propio o para ridiculizar al Estado, al colectivo afectado o a grupos vulnerables (fuente). En la conferencia de primavera celebrada en Hamburgo, la 97.ª Conferencia de Ministros de Justicia decidió el 12 de junio de 2026 que la ley debe aclarar en qué condiciones objetivas pueden intervenir los registros civiles ante abusos manifiestos, y pidió al Gobierno federal una propuesta legislativa; según la ministra sajona, solo pueden examinarse circunstancias objetivas y documentables (fuente). Los defensores de la ley vigente, como el profesor Heinz-Jürgen Voß, señalan que ya existen un plazo de reflexión y un plazo de bloqueo para nuevos cambios y que los casos sospechosos son raros; la periodista Anna Mayr escribió en Zeit Online que la propuesta está bien intencionada pero es inviable, porque la ley no contiene una definición objetiva del sexo (fuente). Para sus críticos, ese es precisamente el núcleo del problema: una ley que basa por completo la identidad en la propia declaración no incorpora ningún mecanismo para distinguir entre un uso indebido y una petición sincera.