Desde noviembre de 2024, cualquier persona en Alemania puede cambiar el sexo registral y el nombre de pila mediante una simple declaración ante el registro civil: no hace falta un médico, un informe pericial ni un juez que supervise el procedimiento. La Selbstbestimmungsgesetz pretendía ofrecer a las personas trans una vía rápida y digna. Dos años después, se ha demostrado que esa misma vía también ha sido utilizada por personas con fines muy distintos, y eso ha llevado ahora a tres estados federados alemanes a plantear una reforma.

Qué regula realmente la ley

La Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) sustituyó a la antigua Transsexuellengesetz y eliminó los requisitos que esta todavía contemplaba: ya no hacen falta evaluaciones psicológicas, revisión judicial ni certificado médico. Basta con una declaración ante el registro civil, seguida de un plazo de espera de tres meses antes de que el cambio entre en vigor. En su momento, la ley se presentó como una corrección de un sistema obsoleto y medicalizador. Las críticas surgieron de inmediato: entre otros, el relator especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas señaló que la ley no contempla ninguna medida relativa a sus consecuencias para los espacios reservados a mujeres, al tiempo que equipara plenamente el sexo registral con la identidad de género.

Dos casos que avivaron el debate

Lo que hasta hace poco era un debate principalmente teórico adquirió este año un rostro concreto a través de dos casos. En el primero, un hombre con antecedentes de extrema derecha se registró como mujer en una situación en la que eso parecía tener consecuencias para la forma en que se tramitaría un proceso penal abierto contra él. En el segundo, un comisario de policía se registró como mujer y posteriormente solicitó un puesto en el que las medidas destinadas a mujeres en cargos directivos jugaban a su favor. Ninguno de los dos casos tenía que ver con una transición en el sentido habitual del término; en ambos, el cambio registral parecía ser sobre todo un instrumento para alcanzar otro objetivo.

La propuesta: dar al funcionario margen para decir que no

Por ello, los ministros de Justicia de Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia —los tres pertenecientes a la CDU— quieren que los funcionarios del registro civil tengan la facultad de rechazar una declaración cuando resulte evidente que está destinada a la autopromoción, al beneficio personal o a ridiculizar la ley y a los colectivos que protege. Pretenden presentar la propuesta en la próxima conferencia de primavera de los ministros de Justicia alemanes. Los defensores de la ley vigente señalan que la mayoría de las declaraciones no tienen nada que ver con un uso indebido y temen que permitir que cada funcionario determine por su cuenta si una declaración es «sincera» vuelva a levantar el obstáculo que la ley pretendía eliminar. Para sus críticos, ese es precisamente el núcleo del problema: una ley que basa por completo la identidad en la propia declaración no incorpora ningún mecanismo para distinguir entre un uso indebido y una petición sincera.